Interior ha pasado de tener 8.000 policías y guardias civiles en Cataluña el 1-O a 14.000 en este momento

El colectivo enviado por la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña para prepararse para la intervención de las competencias de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución no ha dejado de crecer.

En estos momentos, su fuerza conjunta se encuentra ya a sólo 3.000 efectivos del cuerpo de los Mossos. Y es que suman ya 14.000 agentes en territorio catalán, gracias, principalmente, al sacrifico de los efectivos de ambos cuerpos nacionales que sumarán en breve una estancia de casi un mes fuera de sus hogares.

La cifra implica haber prácticamente duplicado el colectivo presente en circunstancias habituales en esta comunidad autónoma. Un plan de refuerzo que se lleva trazando desde hace un mes y que ha supuesto desplazar más de 3.500 agentes de la Policía Nacional y otros 2.500 de la Guardia Civil. Una cifras que se habían mantenido en secreto y a las que ha accedido ahora OKDIARIO.

Los colectivos enviados, además, no son efectivos sin especializar ni mucho menos. Los agentes remitidos por los dos cuerpos están especializados en el control de tumultos y en la labor antidisturbios. Se encuentran perfectamente preparados para este tipo de situaciones y cuentan con conocimientos perfectamente adecuados para desarrollar una labor de control bajo cualquier clima de tensión.

El desplazamiento de una fuerza de semejante envergadura ha supuesto problemas de alojamiento, como los presenciados en los famosos barcos. Pero el resultado ha sido la disposición de un colectivo muy parecido en número al volumen total de los mossos -17.000 personas-, que puede resultar de enorme ayuda a partir de este momento y como mecanismo de refuerzo para implantar la legalidad en Cataluña.

Este desplazamiento, por otro lado, demuestra el enorme daño provocado por la gestión del mayor Trapero y sus cargos respectivos de la Generalitat sobre el colectivo de los Mossos. Un cuerpo que, actualmente, despierta una enorme desconfianza en las autoridades nacionales en cuanto al respeto de las órdenes constitucionales. Todo ello, a pesar de que la policía sabe que cerca de 7.000 efectivos de la policía autonómica son claramente favorables al respeto constitucional y legal, y otros 7.000 simplemente no quieren problemas y prefieren cualquier opción tranquila antes que entrar en conflicto con el Estado o la Justicia y, por supuesto, antes que poner en peligro sus puestos de trabajo y su sustento económico.